Buscan proteger derechohumanistas y periodistas con una sola ley; Trabaja Congreso con otro refrito

Buscan proteger derechohumanistas y periodistas con una sola ley; Trabaja Congreso con otro refrito

Por: Rodrigo Ramírez Tarango

El 22 de junio del año 2012, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto mediante el cual se promulgó la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, ordenamiento que para algunos reflejó el compromiso del gobierno federal con quienes ejercen estas dos actividades, pero que por su diseño también recibió duras críticas.

Primero, la equiparación de periodistas con defensores de los derechos humanos para su defensa y protección. Segundo, para la protección y la seguridad de periodistas y derechohumanistas en México se pretendió crear un ejército burocrático, varios entes que a pesar de ser concebidos como procuradores de los derechos a la seguridad y la vida de las personas que ejercen estas actividades, no contemplaron de manera directa la inclusión de los mismos, por ello la inoperancia del sistema nacional.

A pesar de lo anterior, nuevamente el Congreso de Chihuahua pretende trabajar sobre el modelo que presentó en el 2014 un diputado de la bancada de Acción Nacional.

En lo que hace al ordenamiento federal, mediante este se propuso constituir una Junta de Gobierno como instancia máxima, conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, así como cinco miembros solo con derecho a voz. Ninguno periodista, por cierto.

Se creó un Consejo Consultivo como órgano de consulta de la Junta de Gobierno integrado por nueve consejeros, todos de carácter honorario que deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.

En ese año se propuso la creación de la Coordinación Ejecutiva Nacional, responsable de dar orden al trabajo de las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos y estaría integrada por representantes de las denominadas Unidades Auxiliares, es decir la de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la de Evaluación de Riesgos y la de Prevención, Seguimiento y Análisis, todos estos, obviamente, entes burocráticos que se crean con base en el ordenamiento. Hoy al paso de los años, sabemos que son inoperantes.

Con todo este ejército se buscó garantizar la integridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión o el periodismo en México, mediante un “mecanismo” que, incluso, pretendía aplicar “Medidas Urgentes de Protección” hasta en 3 horas luego de un requerimiento por parte de quien se considerase en peligro.

Un aspecto destacable de esa Ley es la definición de “periodista” como toda persona física, así como moral, entendidas estas en los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

También la definición de “agresiones” que se entiende como el daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por otra parte, en lo operativo del denominado “mecanismo” la Ley buscó establecer que la Junta de Gobierno determinara, decretara, evaluara, suspendiera y en su caso, modificara las medidas preventivas y de protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la coordinación. Además, de aprobar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, de Protección o Urgentes que serán elaborados por la Coordinación. Letra muerta.

El Consejo Consultivo, de acuerdo al decreto, tendría entre otras atribuciones las de atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la junta de gobierno; formular a la junta de gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que realice la coordinación; colaborar con la coordinación en el diseño de su plan anual de trabajo y realizar labores de difusión acerca de la operación del mecanismo y cómo solicitar las medidas preventivas y urgentes de protección.

En lo operativo, la Coordinación Ejecutiva Nacional debió integrarse por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. El coordinador tendrá que ser un funcionario de la Secretaría de Gobernación, con rango inmediato inferior a subsecretario o equivalente.

La atribución principal de esta coordinación debió ser la de trabajar con los estados del país, las dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos, para lograr el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Protección, algo que no sucedió, por lo menos en Chihuahua.

El área encargada de recibir las solicitudes debió ser “Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida”. En tanto, la “Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis”, sería la encargada de proponer el tipo de medidas de protección; realizar monitoreos nacionales de las agresiones; identificar los patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos.

En el caso de la “Unidad de Recepción de Casos”, el órgano estará obligado a emitir, en un plazo no mayor a tres horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, las Medidas Urgentes de Protección.

Para esa Ley, los periodistas y defensores no serán los únicos que recibirán la protección de ser necesario, también contempló proteger al cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas agredidas, así como de aquellos que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social.

También se contempló la protección de sus bienes, así como del grupo, organización o movimiento social en el que participa.

Las medidas de protección que se implementarían tendrían que ir encaminadas a reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y los denominados de “buenas” prácticas, algo que no sucedió.

El ordenamiento estableció que en ningún caso estas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

Para ese ordenamiento, se considera que existe uso indebido de las medidas de protección cuando el beneficiario abandone, evada o impida las medidas; autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las unidades del mecanismo; comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas; utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas con las medidas; agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de protección; autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las unidades correspondientes del Mecanismo; ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección; cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados para su protección.

Finalmente para cumplir el objeto de esta ley, se tendría que conformar un fondo económico. Los recursos se destinarían exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas.

Los recursos se integrarían por: La cantidad que el gobierno federal aporte inicialmente, así como las aportaciones que en su caso realice en términos de las disposiciones aplicables; los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros fondos públicos; los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso; los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal o las entidades federativas, y los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines.

Proteger a los periodistas y sus familias, a los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones, son tareas titánicas que requieren de la participación de los gobiernos locales, de organizaciones cercanas pues es de dominio público que cuando un caso es atraído por las instancias federales difícilmente sería viable que se brinde la protección.

La gran burocracia, como la que se buscó crear con la ley analizada es el principal enemigo de los “mecanismos” como el propuesto, particularmente en este caso la serie de condiciones que se establecen, pues estas en realidad hacen nugatoria la protección a periodistas o derecho humanistas, algo así como la puerta para que los responsables de los entes que crea la ley evadan su responsabilidad.

Equiparar derechohumanistas y periodistas es un modelo que ya probó no estar a la altura de lo que requiere el periodismo de México. Por ello partir de este modelo para una legislación estatal tiene un serio vicio de origen.

 

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